Las presas españolas acumulan fallos graves en sistemas esenciales de seguridad. El propio Gobierno lo admitió en un documento del año 2023: el 60% de las de titularidad estatal necesita actuaciones para salir de su estado de vulnerabilidad. El problema más crítico está en los mecanismos que permiten vaciar los embalses en situaciones de emergencia. Según el análisis técnico, un 32% de las presas del Estado presenta problemas serios en los órganos de desagüe, el sistema clave para controlar el nivel del agua en episodios extremos. Dentro de ese grupo, el 12% tiene desagües de fondo totalmente inoperativos o compuertas que no funcionan. El 20% presenta incertidumbre funcional o equipos que operan de forma inadecuada.
El segundo bloque de riesgo es estructural evalúa el comportamiento de las presas ante escenarios hipotéticos. Ahí, el 6% de las presas estatales no cumple los coeficientes mínimos de seguridad en condiciones normales, y el 12% solo cumple en escenarios habituales y fallaría en situaciones extremas. Mientras que el tercer frente es hidrológico: el 4% no puede evacuar avenidas relativamente frecuentes, mientras que el 18% no tiene capacidad suficiente para evacuar la avenida máxima para la que deberían estar diseñadas.
El documento técnico planteaba intervenciones urgentes centradas en: aumentar la capacidad de desagüe, sustituir desagües de fondo bloqueados, reforzar la estructura de las presas, e impermeabilizar cimientos y muros para frenar filtraciones. La conclusión del propio informe es directa: seis de cada diez presas estatales necesitan mejoras para corregir deficiencias relevantes en seguridad.
El ministerio admite que hay revisiones de seguridad pendientes desde hace años y que «ni siquiera se iniciaron»
En uno de los puntos más controvertido del informe al que ha tenido acceso Popes80, el ministerio reconoce que el RTSPE (Reglamento Técnico sobre Seguridad de presas y embalses) del 1996 ya obligaba «a las presas de titularidad estatal» y ahora también a las de concesionarios a través de las NTS (Normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses), a «efectuar revisiones periódicas de seguridad: las primeras revisiones «no han llegado a completarse» en algunas cuencas hidrográficas, y las segundas, que «debían haberse acometido hace ya algunos años», en algunas cuencas «ni siquiera se iniciaron» mientras que en otras «no abarcaron la presas cuya explotación gestionan».
Entre las infraestructuras que han generado mayor preocupación técnica en los últimos años destacan algunas de las que concentran más vigilancia y antecedentes de incidencias o debates técnicos: Buseo, en Valencia, en situación de emergencia prolongada, y que ya se desbordó con la DANA en 2024; Yesa, en la cuenca del Ebro, con obras estructurales durante años; e Itoiz, en Navarra, por su tamaño y volumen de agua retenida. A esto se suman grandes presas estratégicas del sistema estatal en cuencas como el Ebro, Duero o Tajo, cuyo impacto potencial en caso de fallo sería masivo por el volumen almacenado y la población aguas abajo.
Por otra parte, el sindicato ELA exigió el pasado verano la paralización definitiva del recrecimiento de Yesa debido al grave riesgo de seguridad para las poblaciones de aguas abajo, como Sangüesa, ya que los informes técnicos confirman que la inestabilidad de la ladera derecha no garantiza la protección de los habitantes. La organización denuncia que el proyecto es un fracaso técnico y financiero, acumulando un gasto de más de 440 millones de euros —lo que cuadruplica el presupuesto original de 2001— y retrasando su finalización hasta 2029. Para ELA, continuar con esta obra supone un derroche de dinero público que solo beneficia a grandes constructoras, por lo que reclama que esos fondos se reasignen a proyectos con verdadero retorno social y sin peligros para la vida humana.
En conjunto, el plan estatal del 2023, que no se está cumpliendo, calculaba una inversión necesaria de 4.644 millones de euros hasta 2033, con 1.623 millones previstos antes de 2027 para actuaciones urgentes. El despliegue real se mueve muy por debajo de esa cifra. La estimación basada en licitaciones, contratos y ritmo histórico sitúa la inversión anual efectiva entre 80 y 120 millones de euros, muy por debajo del ritmo anual necesario para cumplir el objetivo de seguridad, que superaría los 200 millones anuales.
El sistema de responsabilidades está fragmentado. Las grandes presas estratégicas dependen en su mayoría del Estado a través de las confederaciones hidrográficas. Otras muchas dependen de comunidades autónomas o de titulares privados. La necesidad de reformas afecta a todos los niveles administrativos. El principal freno es presupuestario. Debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez, no hay presupuesto generales desde 2023. La prórroga continuada de las cuentas públicas dificulta lanzar un programa estructural de modernización a gran escala. Las actuaciones se reparten en contratos pequeños, mantenimiento y obras puntuales. El diagnóstico técnico está hecho desde 2023. La ejecución avanza con un ritmo inferior al previsto.
Informe Typsa 2025 alertó de riesgos por inundaciones en el mediterráneo
Un informe técnico de Typsa del 2025 alerta sobre un aumento de los fenómenos extremos como inundaciones y DANAs, especialmente en la vertiente mediterránea, y recoge ciertas actuaciones que deben acomerse «de inmediato». Más de 2,7 millones de personas viven en zonas inundables y gran parte de las infraestructuras lineales, como carreteras y ferrocarriles, son insuficientes para soportar los nuevos caudales, incrementando el riesgo para la población. En cuanto a la seguridad de presas y embalses, se señala que el 60% de las grandes presas españolas supera los 50 años y muchas no cumplen la normativa actual de aliviaderos, lo que las hace vulnerables a roturas o fallos ante avenidas extremas. Esta situación representa un riesgo crítico para la protección de comunidades y bienes aguas abajo.
El informe también identifica problemas de escasez de agua y estrés hídrico en cuencas como Segura, Júcar y las mediterráneas andaluzas, agravados por la reducción de aportaciones naturales y nuevas demandas tecnológicas. Además, deficiencias en la ejecución de inversiones, la falta de coordinación nacional y sistemas de alerta insuficientes limitan la capacidad de respuesta ante emergencias, dejando a España expuesta a riesgos significativos en seguridad hídrica.
«En definitiva», señala Typsa, «las medidas contempladas en el Plan Global frente a Inundaciones del Júcar de 2000, tanto las estructuras de laminación y acondicionamiento de cauces como otras con una mayor orientación verde, no han sido todavía definidas con un enfoque integral que analice la situación de riesgo en toda la zona inundable, a pesar de que cuentan con estudios coste-beneficio favorables. Es necesario que esta tarea se aborde de inmediato y que se inicie la ejecución de las obras resultantes».
En España, según el segundo ciclo de planificación de inundaciones vigente, “se han identificado 1.444 áreas de riesgo potencial significativo (ARPSI) con una longitud de 10.358 km”. De estas, “762 corresponden a las cuencas intercomunitarias, con una longitud de 1.890 km”. El 25 % de las ARPSI se concentran en las cuencas mediterráneas, incluyendo “Cuencas internas de Cataluña, DH. Júcar, D.H. Segura y Cuencas Mediterráneas Andaluzas”, sumando un total de 2.475 km.
En cuanto a la ocupación del suelo, “de las más de 560.000 hectáreas enmarcadas en zona inundable para el periodo de retorno de 500 años, el 64 % son terrenos agrícolas y el 10 % zonas urbanas para las cuencas intercomunitarias”. Además, “estas ARPSIs disponen de los correspondientes mapas de peligrosidad y riesgo de inundación publicados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI)”.
Las más peligrosas de España
La peligrosidad de una presa no depende solo de su estado de conservación, sino también del volumen de agua que retiene, del tipo de territorio situado aguas abajo y de la población que podría verse afectada en caso de incidente. En ese contexto, infraestructuras como Forata destacan por su riesgo potencial debido a la cercanía de núcleos habitados, mientras que otras grandes presas concentran su peligrosidad en la enorme cantidad de agua almacenada y el impacto que tendría una liberación repentina.
El Gobierno reconoció en una licitación publicada el pasado diciembre que la presa de Forata incumplía la normativa de seguridad cuando se produjo la DANA del 29 de octubre del 2024. La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y responsable de la infraestructura, admitía en la memoria del contrato que la revisión general de seguridad obligatoria, exigida cada cinco años para presas de categoría A, estaba caducada desde 2022, ya que la última se había realizado en 2017.
Forata fue uno de los puntos que mantuvo en alerta al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) por la enorme cantidad de agua acumulada y el riesgo de rotura, aunque finalmente la presa resistió y la tragedia se produjo por el desbordamiento del barranco del Poyo. Un año después de la DANA, el propio organismo reconocía que se trataba de una infraestructura hidráulica crítica y que la nueva revisión serviría para detectar carencias de seguridad y plantear actuaciones correctoras que debían haberse evaluado antes del episodio extremo.
Entre las de mayor escala, las presas Alcántara -que desde esta semana está soltando 1.500 metros cúbicos de agua por segundo-, en el Tajo, y Canelles -que sufrió graves desprendimientos en 2019- son las más relevantes por su tamaño y capacidad, por su volumen embalsado y la presencia de poblaciones e infraestructuras aguas abajo las sitúan entre las que tendrían consecuencias más severas en un escenario de rotura o pérdida súbita de control.
Escenario de catástrofe potencial en lluvias torrenciales
Un fallo simultáneo en varias presas críticas generaría un efecto en cadena difícil de contener. En un escenario extremo, una rotura en una presa con problemas en los órganos de desagüe durante un episodio de lluvias torrenciales provocaría una liberación súbita de millones de metros cúbicos de agua. La onda de inundación arrasaría los primeros núcleos aguas abajo en minutos y saturaría infraestructuras hidráulicas posteriores.
En grandes cuencas, la rotura de una presa principal multiplicaría el impacto al alcanzar otras aguas abajo con embalses ya llenos. Ciudades, polígonos industriales y zonas agrícolas quedarían inundadas en cuestión de horas. Carreteras, puentes, líneas eléctricas y estaciones de bombeo quedarían fuera de servicio, complicando evacuaciones y rescates.
El punto más débil, según el propio análisis técnico, está en la incapacidad de vaciar embalses con rapidez ante lluvias intensas. Si los sistemas de desagüe fallan y el agua supera la capacidad de evacuación, la presión sobre la estructura aumenta de forma crítica. Ese es el escenario que concentran los informes de seguridad: compuertas que no abren, desagües bloqueados y presas con márgenes estructurales ajustados en episodios extremos.
