Las actuaciones investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el seno de ADIF y ADIF Alta Velocidad se desarrollan en el mismo marco temporal en el que el gestor ferroviario tramitó adjudicaciones de carácter urgente para la reparación y mantenimiento de infraestructuras estratégicas de la red, entre ellas la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla donde se produjo el accidente de Adamuz. El Informe 96/2025 de la UCO documenta que, durante ese periodo, se recurrió de forma reiterada a procedimientos excepcionales y a valoraciones técnicas determinantes en la adjudicación de contratos ferroviarios de gran importe, con la intervención de cargos políticos y directivos del ámbito del Ministerio de Transportes y de ADIF, según las diligencias incorporadas a la investigación judicial. De la investigación de la UCO se deduce que Koldo García actuara casi como el último garante de la seguridad de las ejecuciones en las líneas ferroviarias, llegando a insinuar que ciertas obras de ADIF deben adjudicarse a empresas importantes porque «son obras muy complicadas»: «no podemos quedar mal».
La UCO de la Guardia Civil documenta presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de ADIF y de su filial ADIF Alta Velocidad (ADIF AV) mediante un sistema de manipulación de valoraciones técnicas, según el Informe 96/2025, incorporado a una investigación judicial en curso. El informe señala la intervención de Koldo García, del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del dirigente socialista Santos Cerdán en un esquema orientado a favorecer a determinadas empresas en licitaciones de obra pública ferroviaria, principalmente Acciona Construcción y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
Según la UCO, el procedimiento consistía en alterar las puntuaciones técnicas de los concursos para compensar ofertas económicas menos competitivas. De este modo, las empresas favorecidas obtenían la mayor puntuación global sin situarse en supuestos de baja temeraria, evitando así la obligación de justificar precios anormalmente bajos ante las mesas de contratación.
El informe detalla varios expedientes en los que se habría aplicado este patrón de forma reiterada. Uno de ellos corresponde al soterramiento ferroviario en Murcia, en el entorno de Santiago “El Mayor”, con expediente ADIF AV 3.18/20830.0295 y un importe de 158.801.001,18 euros. La obra fue adjudicada a la UTE formada por Ferrovial Agroman y Acciona Construcción. Según la documentación analizada, la UTE (Unión Temporal de Empresas) logró la primera posición en la valoración técnica entre diez licitadores, pese a ocupar el tercer puesto en la oferta económica. En una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020, Koldo García vincula esta adjudicación a un pago pendiente de 350.000 euros, al afirmar: “Te queda San Feliú y El Mayor, son trescientos cincuenta”.
Otro de los contratos analizados es el del Corredor Mediterráneo, tramo Pulpí–Vera, expediente ADIF AV 3.18/20830.0165, con un importe de 121.196.734,32 euros. La UTE Acciona Construcción–Ferrovial Agroman quedó en el puesto 13 de 14 en la oferta económica, siendo una de las más elevadas, pero obtuvo la primera posición en la valoración técnica, con 38,80 puntos sobre 40, lo que permitió su adjudicación.
Koldo: «Las empresas grandes han hecho el presupuesto como les ha salido de los cojones»
El informe de la UCO documenta que, en varias adjudicaciones de obras públicas, surgían dudas sobre la solvencia técnica de algunas empresas y la discrecionalidad en la selección de los contratistas. En un audio fechado el 9 de abril de 2019, Koldo García explica a José Luis Ábalos que “hay cuatro obras dependientes de la Dirección General de Carreteras que habían sido adjudicadas a empresas ‘desconocidas’, puesto que las empresas grandes habían caído en baja temeraria”. Según Koldo, tres de estas obras correspondían a ACCIONA, mientras que otras se adjudicaron a compañías como AZVI de Andalucía, a pesar de que las “empresas grandes… habían hecho el presupuesto como les ha salido de los cojones, han quedado primeras en puntuación, pero luego han caído en baja temeraria”.
El audio refleja también que Koldo y Ábalos discutían sobre la asignación de ciertas licitaciones a empresas concretas, considerando que algunas de ellas eran de “muy importante seguridad y no podemos quedar mal”. Koldo informa que habló con Isabel Pardo de Vera para que de los contratos pendientes, ella asignase “dos a la empresa o empresas indicadas por Koldo y el resto lo determinase ella”. Además, el informe señala que ciertas adjudicaciones requerían el conocimiento previo de Santos Cerdán, quien no formaba parte del Ministerio ni del Ejecutivo, destacando la presunta discrecionalidad en la toma de decisiones sobre obras de alta complejidad y relevancia para la seguridad.
La UCO también incluye la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat, expediente ADIF 3.19/06110.0016. El contrato fue adjudicado inicialmente por 51,7 millones de euros y posteriormente ampliado hasta 62.026.420,15 euros. Acciona Construcción obtuvo el primer puesto técnico entre 17 licitadores, con 39,24 puntos sobre 40, y el puesto 11 en la oferta económica. En un audio de mayo de 2019, la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, comunica a Koldo García el resultado de la adjudicación indicando: “Apertura Sant Feliu. Acciona. Baja 24,77%”.
El informe de la UCO documenta que, en varios casos, ADIF recurrió a contratos de emergencia para adjudicaciones directas a empresas ya involucradas en obras previas. Un ejemplo se registra en un audio del 18 de noviembre de 2020, en el que Koldo García pregunta a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, sobre la disponibilidad de un contrato de emergencia: “¿Tienes algo de emergencia? Me quedan dos millones… necesito que hagan algo durante este mes… para hablar del finiquito”. Pardo de Vera le responde que recientemente se había concedido una emergencia por 700.000 euros y que otra podría resultar visible. Un mes después, ADIF adjudicó a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) el expediente 3.20/27507.0207, por 592.053 euros, destinado a la estabilización de taludes en Asturias.
El informe también señala que algunas obras anteriores presentaron deficiencias técnicas que llevaron a la apertura de nuevos contratos de emergencia. Por ejemplo, en febrero de 2024, Daniel Fernández, responsable de planificación de obras (OPR), informó a Koldo García de un desprendimiento de talud en una obra anterior de ADIF en el tramo Monforte–Lugo, lo que dio lugar a un nuevo expediente de emergencia.
Además, las grabaciones muestran un seguimiento muy detallado de las cantidades económicas vinculadas a estas adjudicaciones. En abril de 2019, Koldo García informaba al entonces ministro José Luis Ábalos sobre el estado de los pagos de varias obras: “De esos cuatro hay dos resueltos… Tenemos 210. Quedan otros 210 y queda la bajera”, reflejando que los importes y su gestión eran monitorizados de forma constante.
El informe también menciona la existencia de aportaciones económicas solicitadas desde la Gerencia del PSOE a altos cargos del Ministerio de Transportes, que Koldo García se refiere como un “impuesto”. Asimismo, señala presiones de Santos Cerdán para el nombramiento de personas de confianza en puestos clave de ADIF, con el objetivo de asegurar el control de las adjudicaciones. En una conversación de 2023, Ábalos reconoce que Cerdán “sigue con su línea de negocio” y “cobrando todos los meses”.
En sus conclusiones, la UCO considera que los indicios apuntan a la existencia de una organización criminal integrada en el Ministerio de Transportes y en ADIF, orientada a la obtención de beneficios ilícitos mediante la contratación pública.
La UCO investigaba a los responsables de adjudicar la inspección de Adamuz
El contrato adjudicado en noviembre de 2023 por ADIF para el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid–Sevilla, del que forma parte el Lote 2, incluye el tramo donde el pasado domingo se produjo el accidente de Adamuz. Este lote comprendía trabajos de inspección, auscultación y conservación de la infraestructura de la vía y de los aparatos de vía en un segmento de más de 150 km, incluyendo el PK 318+, punto exacto del siniestro. El contrato tenía como objetivo garantizar que la vía estuviera en condiciones seguras de circulación, realizando tareas como: revisión de juntas y soldaduras de carril, mantenimiento de la geometría de la vía, control de taludes y drenajes, comprobación de aparatos de vía como desvíos y cambios
Estas labores forman parte de un programa de conservación preventiva, que busca detectar problemas antes de que puedan afectar a la seguridad del tráfico. El accidente ocurrió ocho meses después de que se finalizara el primer año del contrato, lo que significa que la sección siniestrada estaba bajo responsabilidad de la empresa adjudicataria y de ADIF para su supervisión y mantenimiento. La relación directa con el accidente radica en que el contrato y sus inspecciones cubrían precisamente la vía donde se produjo el descarrilamiento, y el siniestro ha puesto en el foco público el estado de conservación y la eficacia de estas tareas de mantenimiento.
El contrato lleva la firma del expresidente de ADIF, Ángel Contreras, cuyo nombre aparece mencionado en el informe de investigación de la UCO por la trama de corrupción de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. En la conversación recogida por la UCO sobre el tramo Monforte-Lugo, citada anteriormente, se menciona que se habían detraído 600.000 euros del contrato original y que el entonces presidente de ADIF conocía la situación.
El ministro Óscar Puente ha tratado de desvincularse de las sombras de corrupción de estas tramas y sus posibles consecuencias en el deterioro de las infraestructuras. No obstante, incluso aunque desde el primer momento aseguró que se trata de una accidente «muy extraño», había voces de alarma suficientes, como documentó Popes80, para haber actuado sobre las deficiencias de la línea Madrid-Sevilla con anterioridad.