El órgano parlamentario del Consejo de Europa aprobó este mes de mayo una resolución que podría forzar a las grandes empresas de inteligencia artificial a pagar a músicos, compositores y otros creadores cuando utilicen sus obras para entrenar sus sistemas, en lo que supondría un vuelco significativo en las reglas del sector tecnológico a escala continental. La Resolución 2654 (2026) advierte de que el marco legal vigente deja a los artistas desprotegidos frente al uso masivo y no remunerado de sus obras.
Cuando una empresa desarrolla un sistema de IA capaz de generar música, escribir letras o imitar voces, necesita «entrenar» ese sistema con enormes cantidades de material existente: grabaciones, composiciones, interpretaciones. Hasta ahora, ese proceso se ha llevado a cabo en gran medida sin pedir permiso ni pagar a los creadores.
Ya en 2019 la UE aprobó una directiva de derechos de autor que permite analizar grandes volúmenes de contenido digital con fines comerciales, salvo que el titular de los derechos lo prohíba expresamente. El problema, sostiene la resolución actual, es que esa norma no fue concebida para la IA generativa, y que ese sistema pone la carga sobre el artista: es el músico o el sello quien debe indicar activamente que no quiere que su música sea usada. Si no lo hace, la empresa tecnológica puede utilizarla libremente y sin compensación. La Asamblea pide que se invierta esa lógica: que sea la empresa quien deba demostrar que tiene permiso, no el artista quien deba prohibirlo.
Para lograrlo, la nueva resolución propone un conjunto de reformas concretas. Las empresas de IA deberían revelar qué obras han usado en sus procesos de entrenamiento —información hoy opaca que hace casi imposible saber si la música de un artista ha sido utilizada—, y si no pueden acreditarlo, la ley presumiría automáticamente que han empleado material protegido. Este cambio, conocido como inversión de la carga de la prueba, daría a músicos y sellos una posición mucho más sólida ante los tribunales.
La resolución también impulsa la creación de sistemas de licencias colectivas similares a los que ya gestionan entidades como la SGAE en España para la radiodifusión, y contempla un mecanismo de arbitraje obligatorio si las negociaciones entre plataformas y titulares de derechos se bloquean.
El texto incluye además una advertencia de calado político: el marco legal actual beneficia de forma desproporcionada a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y China, que son quienes extraen mayor provecho del uso no compensado de contenidos europeos. Europa, señala la resolución, corre el riesgo de exportar su patrimonio cultural para enriquecer a plataformas extranjeras sin recibir nada a cambio.
En materia de deepfakes, la Asamblea reconoce que no son ilegales por definición y que pueden tener usos legítimos como la sátira, pero alerta de su potencial para dañar a los artistas mediante la replicación no consentida de su voz o imagen. Pide legislación específica que tipifique como ilícita la distribución de imitaciones digitales realistas de características personales sin autorización, y exige que todo contenido generado con IA esté claramente etiquetado como tal.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no tiene poder para aprobar leyes directamente, pero su influencia política sobre los legisladores de los 46 estados miembros es considerable y sus resoluciones suelen anticipar reformas legislativas. El camino hasta que estas medidas se conviertan en ley puede ser largo, pero la dirección que marca el texto es inequívoca: Europa quiere que el desarrollo de la inteligencia artificial no se construya a expensas de sus creadores.