El gobierno talibán de Afganistán ha promulgado un nuevo código penal que autoriza el castigo físico de esposas e hijos siempre que no provoque fracturas ni heridas abiertas. El texto legislativo, firmado por el líder supremo talibán Hibatullah Akhundzada y distribuido en estos momentos a tribunales provinciales de todo el país, clasifica el castigo físico en el entorno familiar bajo la categoría de «tazir», es decir, una sanción discrecional y no un delito grave. Solo en los casos en que la violencia genere lesiones visibles más allá de simples hematomas podría imponerse una pena de hasta 15 días de prisión. Pero esto también truco: la víctima debe probar el daño ante un juez masculino, y casi siempre en presencia de su propio agresor en calidad de «guardián legal».
La normativa también penaliza a las mujeres que abandonen el hogar conyugal para refugiarse en casa de sus padres sin autorización del marido, imponiendo hasta tres meses de cárcel tanto a la mujer como a los familiares que la asistan. La ley revoca disposiciones anteriores que ofrecían algún marco de protección legal a las víctimas de violencia familiar.
El fundamento coránico que condena a las mujeres en el nuevo código penal
Los talibanes sustentan jurídicamente su nueva normativa en el versículo 34 de la sura An-Nisā’ (4:34) del Corán, que describe al hombre como «responsable» —qawwam— de la mujer y que, ante lo que define como «rebeldía» conyugal —nushūz—, contempla una secuencia de respuestas que culmina en el término árabe «daraba». Esta palabra, habitualmente traducida como «golpear» aunque con varios significados posibles en árabe clásico, es interpretada por el régimen de Kabul en su sentido más literal, como autorización para el castigo físico dentro del matrimonio.
El régimen apoya esa lectura en la jurisprudencia islámica clásica, el fiqh, y en particular en desarrollos medievales del derecho sunní, según los cuales dicho castigo debe ser leve, no causar lesiones ni dejar marcas visibles. En esa tradición, el golpe se concebía como simbólico o correctivo y solo como último recurso tras la amonestación verbal y la separación en el lecho, criterio que los talibanes han trasladado directamente a su legislación: si no hay fractura, herida abierta o daño visible, el acto no se considera delito grave.
Desde el punto de vista teológico, los talibanes se inscriben en una corriente deobandí ultraconservadora dentro del islam sunní, con fuerte influencia del derecho hanafí tradicional. Su argumentación descansa en tres pilares: la autoridad masculina en la familia —qiwāma—, la lectura literal del versículo coránico y la aplicación estricta de la sharía conforme a interpretaciones jurídicas clásicas, rechazando enfoques modernos o contextualizados. Bajo esa lógica, el régimen presenta su normativa no como una innovación legislativa, sino como una implementación fiel de lo que considera la ley islámica auténtica.
Antes del regreso de los talibanes al poder en 2021, la violencia contra la mujer era formalmente delito en Afganistán: desde 2009 estaba vigente la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EVAW), que tipificaba agresiones físicas, matrimonios forzados y otras formas de abuso, además de estar respaldada por el Código Penal de 2017. Aunque su aplicación era irregular, existía base legal para perseguir estos delitos. Tras la toma de poder talibán, esa normativa fue desmantelada y, con el nuevo código penal, la violencia doméstica sin lesiones graves deja de considerarse delito como tal, quedando encuadrada bajo su interpretación de la sharía.
Se disparan los casos de violencia, suicidios y exclusión social de mujeres
Organizaciones afganas especializadas en derechos de la mujer señalaron que la legislación no solo formaliza prácticas ya extendidas en zonas rurales del país, sino que establece un marco de impunidad institucional para los agresores. Desde el retorno al poder de los talibanes en 2021, estos grupos han documentado cientos de casos de violencia, suicidios y exclusión social de mujeres.
Un informe publicado el 14 de febrero por Afghanistan Women’s Rights Watch, en cooperación con la Asociación ARSA con sede en Turquía, documentó 411 casos de violaciones de derechos contra mujeres y niñas en Afganistán durante 2025, de los cuales alrededor de 300 fueron descritos como violencia directa atribuida a los talibanes. El informe, titulado De la marginación al borrado y presentado en Kayseri ante académicos, activistas y representantes de la sociedad civil afgana y turca, registró al menos 76 casos de lo que la organización describió como asesinatos intencionales de mujeres y niñas, con Nangarhar como la provincia con mayor número de casos, con 16. La investigación, compilada a partir de testimonios de víctimas y documentos internacionales, también documentó más de 30 casos de suicidio y autoinmolación, así como al menos tres casos de violencia sexual en centros de detención talibanes, dos de ellos en la provincia de Balkh.
Zakera Hekmat, directora de Afghanistan Women’s Rights Watch, afirmó durante la presentación que hacer frente a la violencia sistemática contra las mujeres afganas «no es solo un problema nacional sino una responsabilidad global«, y criticó lo que describió como el silencio y la inacción de la comunidad internacional ante cuatro años de violaciones continuadas de derechos fundamentales bajo el gobierno talibán.
En la misma línea, el cineasta turco Bulut Reyhanoglu, presente en el evento como defensor de los derechos de las mujeres afganas, advirtió que la exclusión sistemática de estas mujeres de la vida pública ha generado una crisis de género que trasciende las fronteras de Afganistán, e instó a la comunidad internacional a adoptar medidas prácticas más allá del compromiso diplomático, señalando que la inacción continuada corre el riesgo de normalizar la opresión y la discriminación basadas en el género.
El nuevo código penal de los talibanes profundiza las restricciones que las mujeres afganas ya enfrentan en materia de educación, empleo y libertad de movimiento desde la caída del gobierno anterior. Medios independientes afganos en el exilio, entre ellos Zan Times, han advertido que el deterioro de la libertad de prensa en el país dificulta visibilizar el alcance real de estas situaciones.