• M. C.
• On 17 marzo, 2025

¿Es una percepción subjetiva o es una realidad? En los últimos años, las calles de las ciudades españolas han sido testigos de un incremento notable en el número de personas en situación de pobreza y sin hogar. Diversos factores económicos y sociales han contribuido a esta realidad, reflejando desafíos significativos para la sociedad española. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) —que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social— se situó en el 26,5% en 2023, incrementándose desde el 26,0% del año anterior. Este aumento implica que aproximadamente 12,3 millones de personas se encuentran en esta situación, evidenciando una tendencia preocupante en la desigualdad y la precariedad económica en el país; si bien conviene aclarar que de los 12 millones en riesgo, alrededor de cuatro son los que están en situación de desamparo severo.

Así, el número de personas sin hogar ha experimentado un incremento significativo. En la última década se ha registrado un aumento del 24,5% en la cantidad de personas sin hogar, con un 40% de ellas llevando más de tres años en la calle. Este dato evidencia la creciente vulnerabilidad de amplios sectores de la población y la dificultad de revertir situaciones de exclusión social prolongada. En algunas ocasiones, quienes se encuentran en esta situación rechazan las propuestas y soluciones que ofrecen los servicios sociales, mientras que en otros, simplemente la ayuda ofrecida por instituciones públicas y ONGs no alcanza para cubrirlos a todos.

Uno de los factores que han contribuido a esta situación es el aumento de las quiebras empresariales, especialmente entre las PYMES y autónomos. Desde la pandemia, el número de PYMES en España ha disminuido un 1%, lo que se traduce en la desaparición de aproximadamente 11.300 de estas pequeñas unidades de negocio. En contraste, las grandes empresas han experimentado un crecimiento del 19,5% en el mismo periodo. Este fenómeno ha tenido un impacto directo en el empleo y la estabilidad económica de muchas familias, ya que las microempresas representan una parte significativa del tejido empresarial y de la generación de empleo en el país.

Además, la inflación ha sido otro factor determinante en el incremento de la pobreza. El aumento de los precios de bienes y servicios básicos ha erosionado el poder adquisitivo de las familias, especialmente de aquellas con menores ingresos, dificultando su capacidad para cubrir necesidades esenciales como la alimentación, la vivienda y la energía.

Por otro lado, la inmigración ha desempeñado un papel relevante en la dinámica demográfica y económica del país. En 2023, España alcanzó una cifra récord de población, con 48.592.909 habitantes, de los cuales el 13,4% eran extranjeros, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha.

Este incremento se debe en gran medida a la llegada de 1.250.991 personas procedentes del extranjero, mientras que 608.695 personas abandonaron el país en el mismo periodo. La inmigración irregular también ha experimentado un notable aumento, con un 82% más de llegadas en 2023 en comparación con el año anterior, alcanzando las 56.852 personas.

Estos datos reflejan una realidad compleja que requiere la atención y acción de las autoridades y de la sociedad en su conjunto para abordar los desafíos asociados a la pobreza, el sinhogarismo y la integración de la población inmigrante. Y reflejan también que la percepción que puedes tener en los últimos años no es subjetiva, sino bastante cercana a la realidad.

Si bien las ayudas sociales del Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital o los cambios en los subsidios por desempleo, han servido de colchón para muchas familias en riesgo de exclusión, también han generado un debate sobre su impacto real en la reducción de la pobreza. Diversos estudios han señalado que, aunque estas prestaciones evitan situaciones de indigencia extrema, en muchos casos no logran incentivar la inserción laboral. La combinación de prestaciones, descuentos y otras ayudas puede hacer que algunos beneficiarios perciban ingresos similares o incluso superiores a los de un empleo precario, lo que reduce la motivación para reincorporarse al mercado laboral. Esta es una de las razones por las que Italia puso en marcha un plan que impide a los desempleados seguir disfrutando de las ayudas sociales si rechazan sin justificación determinado número de ofertas de trabajo.

Por otro lado, las reformas laborales recientes han buscado combatir la temporalidad y mejorar la estabilidad en el empleo, pero sus efectos sobre la pobreza son discutidos. Aunque el porcentaje de contratos indefinidos ha aumentado, muchas personas siguen atrapadas en trabajos de baja remuneración que no garantizan una mejora real en sus condiciones de vida.

En este contexto, las ayudas del Estado pueden terminar funcionando como un complemento a salarios insuficientes, en lugar de ser una herramienta transitoria para la autonomía económica. Esto plantea un desafío a largo plazo: cómo diseñar políticas que realmente promuevan la movilidad social sin caer en la cronificación de la pobreza.